El sistema eléctrico de Venezuela opera hoy en condiciones que voces expertas han calificado de colapso operativo.

Aunque el 98 por ciento de las viviendas está conectado a la red eléctrica, la gran mayoría de los venezolanos no dispone de un servicio regular y confiable. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2025 revela que nueve de cada diez hogares sufren cortes recurrentes: 39 por ciento padece apagones diarios de varias horas, otro 35 por ciento los experimenta semanalmente y un 15 por ciento los sufre mensualmente.

Esta precariedad del servicio golpea con fuerza al aparato productivo. Durante el primer trimestre de 2026, la Encuesta de Coyuntura Industrial de Conindustria registró 47 cortes eléctricos no programados —un promedio de cuatro por semana—, que se tradujeron en la pérdida de 127 horas laborales. El 59 por ciento de las empresas industriales se ha visto obligada a instalar sistemas de autogeneración parcial, encareciendo sus costos y reduciendo su competitividad.

Expertos como el ingeniero José Aguilar, especialista en sistemas de generación eléctrica, atribuyen los recurrentes cortes a la incapacidad crónica del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para atender la demanda del país. La paradoja es que Venezuela dispone de una capacidad instalada de cerca de 36.000 MW, pero la electricidad que el sistema realmente puede suministrar (estimada por expertos en torno a los 12.500 MW) representa apenas un tercio de esa capacidad, un nivel insuficiente incluso para cubrir la demanda del país, la cual, según Corpoelec, llegó en mayo de 2026 a los 15.500 MW.

La brecha entre la electricidad que el SEN puede aportar y la que el país demanda supera los 2.500 MW, y las autoridades la gestionan mediante cortes y racionamiento. El más reciente, activado el 22 de marzo, se proyectó inicialmente para 45 días. No obstante, según reportes de la prensa nacional, los cortes aún persisten y en regiones críticas como el Táchira, Zulia o Lara pueden oscilar entre 2 y 12 horas diarias.

Activos por Luz —ONG que desde hace más de diez años monitorea el servicio eléctrico en el estado Lara— informó el 11 de mayo de 2026 que "la evidencia disponible indica que el SEN está en una fase de inestabilidad crónica, con cortes y fluctuaciones diarios en buena parte del país, y que la situación actual se acerca en gravedad a los peores momentos post-2019”.

La administración interina de Delcy Rodríguez, a través de un comunicado oficial, justificó la incapacidad del SEN para responder a los actuales niveles de demanda alegando el carácter excepcional del aumento del consumo —que atribuyó a factores climáticos y al crecimiento económico— y el impacto de las sanciones internacionales sobre la recuperación del sistema.

Sin embargo, la evidencia disponible apunta en otra dirección. Expertos, informes técnicos y estudios especializados vienen advirtiendo desde hace años que el colapso del SEN no responde a variables coyunturales, sino a un deterioro acumulado durante más de dos décadas, derivado de un modelo de gobernanza del sector eléctrico que destruyó la capacidad operativa del sistema. Revertir este modelo, sostienen los expertos, es una condición necesaria para cualquier plan de recuperación viable del SEN.

En 2009 —casi una década antes de que comenzaran a imponerse las sanciones internacionales a Venezuela entre 2017 y 2019—, la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat advirtió sobre la "grave crisis” del SEN. El pronunciamiento señalaba fallas estructurales: falta de planificación, inversiones insuficientes, mantenimiento pospuesto, sobreexplotación del complejo hidroeléctrico de Guri, el escaso respaldo de la generación térmica e insuficiencia en las líneas de transmisión y distribución.

Para febrero de 2016, la magnitud de las restricciones en el servicio eléctrico llevó a la Asamblea Nacional (AN) a designar una comisión para investigar la crisis. Sus conclusiones fueron contundentes: la crisis del SEN era estructural, con la producción estancada, la reserva de generación agotada desde 2009 y el sistema operando bajo déficit y racionamiento permanente. Asimismo, la red de transmisión excedía casi a diario sus límites técnicos de seguridad y el sistema de distribución estaba "muy deteriorado".

Cuando la comisión parlamentaria presentó en enero de 2017 su informe final a la AN, el colapso operacional del SEN ya era un hecho bien documentado y todavía las sanciones internacionales no le habían sido impuestas a Venezuela.

El informe parlamentario identificó como causa principal de la crisis eléctrica el modelo de gobernanza instaurado en el sector a partir de 2007, el cual calificó como inviable tanto en términos técnicos como financieros.

Esa conclusión ha sido respaldada por estudios posteriores, como el de León-Vielma (2022), que lo formula en estos términos: el colapso del sector no es principalmente un problema técnico, sino el resultado de un modelo de gobernanza energética intervencionista, jerárquico y excluyente, sostenido por la renta petrolera y desprovisto de mecanismos de mercado, participación social y control institucional.

En mayo de 2007, Hugo Chávez ordenó mediante decreto-ley fusionar todas las empresas eléctricas —públicas y privadas— en la recién creada Corpoelec. Entre 2007 y 2009, nueve empresas privadas fueron expropiadas, liquidando cualquier participación no estatal en el sector. En 2010, la promulgación de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico terminó de blindar legalmente el modelo estatista: consagró a Corpoelec como el único operador, prohibió la inversión privada en áreas medulares y concentró en el Ejecutivo el control absoluto del SEN.

Los efectos de este modelo estatista de gobernanza no tardaron en acelerar el deterioro operativo del SEN. Tal como lo constató la investigación parlamentaria y otros estudios posteriores, la creación de un monopolio vertical controlado por el Ejecutivo propició que las decisiones operativas pasaran a responder a criterios políticos y electorales en lugar de técnicos.

Ello condujo, por ejemplo, a la paralización del mantenimiento preventivo y, al mismo tiempo, al congelamiento de las tarifas, las cuales llegaron a cubrir apenas el 1 por ciento del costo real del servicio, lo que quebró la sostenibilidad financiera del sistema, según lo señala el estudio "Propuestas para el Presente y Futuro de la Economía" (2022) de la UCAB.

Por otra parte, la fusión de los roles de regulador y regulado en una misma entidad eliminó los controles independientes e inauguró una política sistemática de opacidad informativa para ocultar el deterioro progresivo de los indicadores de gestión y evitar la rendición de cuentas a la sociedad. Desde 2010, Corpoelec dejó de publicar datos técnicos y se cerraron plataformas de monitoreo como la de la Oficina de Operación de Sistemas Interconectados. Este entorno opaco y discrecional favoreció la ineficiencia y la corrupción.

Entre 2010 y 2015, según el informe de la Comisión de la AN, el Estado venezolano destinó cerca de 42.000 millones de dólares a la adquisición de nueva infraestructura eléctrica. No obstante, en 2016 el país volvió a enfrentar racionamientos masivos. La investigación parlamentaria determinó que la ejecución de esos recursos estuvo marcada por altos sobreprecios en las contrataciones y que numerosos proyectos quedaron inconclusos, con equipos almacenados sin instalar y plantas que nunca alcanzaron plena operación.

En este contexto, se produjo un proceso acelerado de desprofesionalización de Corpoelec. Para inicios de 2019, la corporación había perdido cerca de la mitad de sus 50.000 trabajadores: 24.000 personas, entre ellos 14.700 ingenieros y técnicos, según declaraciones a los medios de Alí Briceño, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica de Venezuela. Un estudio del Wilson Center titulado How to Reconstruct Venezuela (2021) atribuye ese éxodo a los bajos salarios y la corrupción.

Reconocer que el colapso del sistema eléctrico es la consecuencia de un modelo de gobernanza —y no de las sanciones, la sequía o el aumento del consumo— no es solo una precisión histórica. Es la condición previa para evitar que cualquier nueva inversión repita el destino de los 105.000 millones de dólares que, según estimaciones del ingeniero José Aguilar, invirtieron los gobiernos de Chávez y Maduro con tan magros resultados.

Por eso, más allá de la magnitud del desafío financiero actual —estimado entre 15.000 y 40.000 millones de dólares, con un horizonte de 5 a 15 años para alcanzar un servicio confiable, según el diagnóstico preliminar de Siemens y General Electric—, la recuperación del sistema exige reformar el marco institucional y jurídico del sector: separar los roles de regulador y operador, introducir supervisión independiente, restablecer criterios técnicos en la gestión, recuperar la transparencia tarifaria, abrirse a la inversión privada y recuperar el capital humano.

Sin esta transformación, el sistema eléctrico venezolano seguirá siendo el límite estructural que hace inviable cualquier recuperación económica sostenida del país.

(ms)